La Marcha del Pueblo, organizada recientemente por el partido Fuerza del Pueblo (FP), ha generado un intenso debate sobre los límites entre la protesta social y la promoción política anticipada, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) emitiera un documento de intimación advirtiendo que la actividad podría interpretarse como una violación a las normas electorales. Sin embargo, el partido ha respondido con un fundo jurídico y político, defendiendo que la movilización fue un ejercicio legítimo de derechos constitucionales y una respuesta a las demandas ciudadanas ante la crisis que atraviesa el país.
En un comunicado oficial, Fuerza del Pueblo argumentó que la marcha se centró en reclamos sociales urgentes, como el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, los apagones recurrentes y el deterioro de los servicios públicos, temas que afectan directamente a la mayoría de la población dominicana. El partido subrayó que la protesta no tuvo un carácter partidista ni electoral, sino que fue una manifestación cívica en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, amparada por la Constitución de la República.
El marco constitucional de la protesta Fuerza del Pueblo fundamentó su postura en los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución, que garantizan los derechos a la reunión pacífica, la libre asociación y la libertad de expresión. Según el partido, estos derechos son inalienables y no pueden ser restringidos por actos administrativos de la JCE, sino únicamente por leyes orgánicas que regulen su ejercicio de manera proporcional y justificada. Además, citaron el artículo 216 de la Carta Magna, que establece que los partidos políticos tienen la obligación de servir al interés nacional y canalizar las demandas ciudadanas, función que, según FP, cumplieron durante la marcha.
La respuesta a la JCE: Un acto de resistencia cívica El partido depositó ante la JCE un «acto de respuesta» al documento de intimación, en el que rechaza las acusaciones y reafirma que la protesta se enmarcó dentro de los límites constitucionales. Fuerza del Pueblo argumentó que la JCE no tiene facultades para restringir el ejercicio de la protesta social mediante resoluciones administrativas, ya que esto implicaría una violación a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
El comunicado también cuestionó el doble discurso de las autoridades electorales, señalando que, mientras se intimida a Fuerza del Pueblo por organizar una marcha pacífica, otros partidos y grupos han realizado actividades similares sin recibir advertencias. «No es aceptable que se pretenda silenciar las voces críticas bajo el pretexto de regulaciones electorales, cuando lo que está en juego es el derecho del pueblo a manifestarse frente a problemas que afectan su vida cotidiana», declaró un portavoz del partido.
El contexto social que justifica la protesta La marcha se desarrolló en un momento en que República Dominicana enfrenta una crisis multidimensional:
- Inflación y alto costo de vida: Los precios de los alimentos, medicinas y servicios básicos han aumentado de manera desproporcionada, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
- Inseguridad ciudadana: El aumento de la criminalidad y la percepción de impunidad han generado malestar en la población.
- Apagones y fallas en servicios públicos: La falta de suministro eléctrico constante y el deterioro de infraestructuras básicas han exacerbado la frustración ciudadana.
- Desempleo y precarización laboral: La falta de oportunidades económicas ha profundizado la desigualdad social.
Ante este escenario, Fuerza del Pueblo argumentó que la marcha fue una respuesta necesaria a la falta de soluciones por parte del gobierno, y que su carácter pacífico y cívico está respaldado por el derecho a la protesta, reconocido tanto en la Constitución dominicana como en tratados internacionales de derechos humanos.
El debate sobre la libertad de expresión en República Dominicana El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la protesta social en el país y el papel de las instituciones como la JCE en la regulación de las actividades políticas. Mientras algunos sectores aplauden la postura de Fuerza del Pueblo por defender los derechos constitucionales, otros advierten sobre el riesgo de que las manifestaciones sean utilizadas con fines electoralistas, especialmente en un año preelectoral.
Sin embargo, el partido insistió en que su intención no fue hacer campaña anticipada, sino denunciar las fallas del gobierno y exigir soluciones a problemas que afectan a toda la sociedad. «Nuestra marcha fue un grito de esperanza, no un acto de propaganda. El pueblo tiene derecho a alzar su voz, y nosotros, como partido, tenemos la obligación de acompañarlo en esa lucha», concluyó el comunicado.
Conclusión: Un precedente para la democracia dominicana La respuesta de Fuerza del Pueblo a la JCE no solo defiende la legitimidad de la Marcha del Pueblo, sino que también reafirma el derecho a la protesta como un pilar de la democracia. En un contexto de crisis social y económica, la capacidad de los ciudadanos para organizarse y exigir cambios es esencial para la rendición de cuentas y la construcción de un país más justo. El partido ha dejado claro que no retrocederá en su compromiso de defender los derechos del pueblo, incluso si eso implica enfrentar a las instituciones que intentan limitar su ejercicio.
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