El equipo legal del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo denunció públicamente que el Ministerio Público incurrió en un fraude procesal durante la investigación del caso Calamar. Según los abogados, la acusación fue presentada fuera del plazo legal establecido y se basó en pruebas manipuladas, lo que contamina el proceso desde su origen.
Irregularidades en plazos y cadena de custodia
La defensa argumentó que la acusación debía haberse depositado antes del 30 de abril de 2024, según lo establecido por el Segundo Juzgado de la Instrucción. Sin embargo, documentos oficiales demuestran que el expediente fue recibido 14 días después, a pesar de que ambas dependencias judiciales se encuentran en el mismo edificio. Este desfase genera un vacío de dos semanas en la cadena de custodia, durante el cual «nadie sabe dónde estuvo el expediente», lo que invalida la legalidad del proceso.
Pruebas periciales cuestionadas
Los abogados Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo señalaron que los peritajes financieros presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fueron elaborados con información que no estaba en poder del Ministerio Público al momento de su entrega. Además, se realizaron extracciones de dispositivos móviles y análisis financieros sin autorización judicial previa, lo que anula la credibilidad de estas pruebas. «El peritaje fue fabricado y el Ministerio Público montó un andamiaje probatorio que no responde a la realidad ni a la cronología», afirmaron.
Fines políticos y justicia selectiva
La defensa también acusó al Ministerio Público de actuar con motivaciones políticas, buscando inhabilitar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a figuras clave como Castillo. «El expediente no responde a una verdadera lucha contra la corrupción, sino a un fraude procesal con fines políticos», declaró Laura Acosta, quien advirtió que la selección de testigos privilegiados y la manipulación de pruebas han contaminado el proceso desde su origen.
Conclusión y solicitud de nulidad
Los abogados solicitaron al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la nulidad absoluta del proceso, argumentando que la réplica del Ministerio Público no incorporó elementos probatorios nuevos y que la acusación se sustenta en una teoría sin respaldo en evidencia concreta. «Se pretende llevar este caso a juicio como si fuera un acto de fe», sostuvieron, rechazando que existan pruebas suficientes para vincular a Castillo con los hechos imputados.
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