Una sola frase resumió el ánimo del Partido Demócrta la noche de las elecciones de mitad de mandato: «Contraten abogados». La publicó en X el representante Robert Garcia cuando los resultados comenzaron a confirmar que su partido arrebataba a los republicanos el control del Congreso, y anticipa lo que será la nueva era de supervisión legislativa sobre el gobierno de Donald Trump.
Los demócrtas de alto rango en ambas cámaras prometen movilizar las facultades de citación y los equipos de investigación que les darán sus mayorías para indagar el enriquecimiento personal de Trump y de su entorno, acusación que el mandatario y su Casa Blanca han negado reiteradamente. El líder Hakeem Jeffries, que aspira a la presidencia de la Cámara, encargó hace meses a Garcia, del Comité de Supervisión, y a Jamie Raskin, del Comité de Asarios Judiciales, encabezar la ofensiva, y no ha descartado un tercer juicio político contra el presidente.
La agenda de investigación es amplia y cubre múltiples comités. Garcia delineó cinco prioridades, entre ellas los negocios de la familia Trump, el manejo del caso de Jeffrey Epstein y las operaciones del ICE. Jared Huffman, del Comité de Recursos Naturales, quiere examinar el salón de baile de la Casa Blanca, otros proyectos de construcción y el papel de la familia presidencial en acuerdos sobre minerales.
En el Senado, Richard Blumenthal, en camino de presidir el Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional, anunció que examinará los proyectos inmobiliarios de Trump alrededor de la capital y sus negocios con criptomonedas junto al enviado especial Steve Witkoff, socio del presidente en World Liberty Financial. «Los tentáculos de la corrupción llegan muy profundo en este gobierno, y han añadido costos a los estadounidenses en su vida cotidiana», declaró a The Associated Press.
Ron Wyden, aspirante a presidir el Comité de Finanzas, prometió una agenda de «rendición de cuentas» contra bancos que presuntamente ignoraron señales de alerta sobre las finanzas de Epstein y farmacéuticas favorecidas por sus vínculos con el gobierno. «Se verán obligados a responder ante el Comité de Finanzas del Senado por su papel en perjudicar al pueblo estadounidense y permitir la corrupción de Trump», advirtió en un comunicado.
Los números electorales explican la apuesta. La encuesta de votantes de la AP, realizada a más de 100.000 electores, muestra que cerca de la mitad consideró «crucial» la corrupción gubernamental para su voto al Congreso, y la mayoría de ellos apoyó al demócrta de su distrito. La corrupción encabezó la lista de preocupaciones que desbancaron a los republicanos, junto al costo de vida: 4 de cada 10 votantes señalaron la economía como el problema principal del país y cerca de 3 de cada 10, el estado de la democracia, tema que capturó 8 de cada 10 votos para los demócrtas.
Trump, que tras la derrota ha adoptado un tono conciliador admitiendo que los demócrtas «hicieron un buen trabajo», podría cambiar de actitud a medida que se intensifiquen las pesquisas. «Si los demócratas eligen impulsar investigaciones falsas y políticas de izquierda radical, eligen trabajar en contra del pueblo estadounidense», replicó la portaviza Lauren Bis. Mientras tanto, Jeffries anunció en su carta de candidatura a la presidencia de la Cámara que «los días en que la Cámara funcionaba como una subsidiaria totalmente controlada del gobierno de Trump han terminado», con promesas de combatir el alza abusiva de precios e impulsar la prohibición de negociación de acciones para legisladores.
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