Por Félix Jiménez Campusano. –
Santo Domingo – 22 de mayo del 2025 – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), entidad responsable de proveer servicios esenciales como alimentación, salud visual y transporte escolar a millones de estudiantes dominicanos, ha sido escenario de múltiples denuncias de corrupción, licitaciones irregulares y manejos poco transparentes de fondos públicos.
En los últimos años, diversos informes y auditorías han revelado prácticas sistemáticas de sobrevaluaciones, favoritismo en contrataciones, distribución ineficiente de alimentos y uso político del presupuesto destinado a la población estudiantil más vulnerable.
Contrataciones bajo la lupa
Uno de los principales escándalos estalló tras denuncias de irregularidades en los procesos de licitación para suplidores de alimentos escolares.
Pequeños empresarios denunciaron que quedaron fuera del proceso pese a cumplir con los requisitos, mientras que empresas vinculadas a personas influyentes fueron adjudicadas de manera preferencial.
Un informe de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de 2022 alertó sobre violaciones a la Ley 340-06, incluyendo adjudicaciones sin criterios claros, pliegos amañados y plazos imposibles que limitaban la competencia.
“Aquí hay una mafia montada que juega con la comida de nuestros hijos”, denunció un representante de la Asociación de Suplidores de Almuerzos Escolares.
Intervención y consecuencias.
Tras múltiples denuncias y presión mediática, el presidente Luis Abinader ordenó una intervención del INABIE en 2021, lo que llevó a la destitución del entonces director Cecilio Rodríguez, (a) Bolívar, acusado de mala gestión y opacidad.
Desde entonces, el nuevo equipo de gestión ha prometido mayor transparencia, apertura a microempresarios, y la digitalización de procesos. Sin embargo, la confianza pública en el organismo aún no se ha recuperado del todo.
Un impacto directo en los estudiantes.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE), que distribuye desayuno, almuerzo y merienda a más de 1.8 millones de estudiantes, ha sido afectado por retrasos en los pagos a suplidores y fallas logísticas, lo que en algunos momentos ha dejado a miles de alumnos sin recibir comida adecuada.
Además, se han denunciado entregas de alimentos en mal estado, como jugos fermentados, leche vencida o panes con moho, lo cual pone en riesgo la salud de los menores y cuestiona la calidad del sistema de supervisión.
Camino hacia la recuperación institucional.
El INABIE ha anunciado nuevas plataformas de control, como sistemas digitales de licitación, monitoreo de entregas, y mecanismos de denuncia ciudadana. Sin embargo, expertos advierten que el verdadero cambio no vendrá sin sanciones claras a los responsables y una auditoría completa de los últimos contratos.
La corrupción en el INABIE representa un golpe directo al corazón de la política social del Estado: la infancia y la educación pública. Mientras no haya justicia y reformas estructurales, el riesgo de que los fondos destinados al bienestar estudiantil sigan siendo desviados es alto, y quienes pagan el precio son siempre los más vulnerables.
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