La viceministra Celines Toribio anunció nuevas medidas para combatir las estafas inmobiliarias que afectan a los dominicanos en el exterior durante su participación en el foro “Protegiendo el Sueño Dominicano”, celebrado en Washington Heights, Nueva York. Entre las iniciativas destacadas se encuentran campañas educativas, plataformas de verificación legal y talleres dirigidos por expertos en derecho inmobiliario.
Toribio enfatizó que las inversiones de la diáspora son vitales para la economía nacional, representando cerca del 3% del PIB. Subrayó la importancia de proteger estos recursos frente a prácticas fraudulentas que ponen en riesgo el patrimonio de miles de familias.
El evento contó con la colaboración del Ministerio de Vivienda, Pro Consumidor, el Banco de Reservas y otras entidades, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en el sector inmobiliario.
Participación institucional
El foro, organizado por el Defensor del Pueblo y el Consulado Dominicano en Nueva York, contó con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), Ministerio de Vivienda (MIVED), Pro Consumidor, DGII, Procuraduría General de la República, Banco de Reservas, ACOPROVI, ABA, AEI, ASOFIDOM y otras entidades.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, denunció que entre un 5% y un 8% de las compras inmobiliarias hechas desde el extranjero presentan irregularidades y fraudes, como suplantación de identidad, títulos ilegales o ventas múltiples de una misma propiedad. Por su parte, el cónsul general Jesús (Chu) Vásquez pidió una mayor coordinación interinstitucional y aseguró que se diseñarán acciones conjuntas para proteger el sacrificio de la diáspora.
Paneles y expertos
El evento incluyó un panel titulado “Prevención de Estafas Inmobiliarias para la Comunidad Dominicana en el Exterior”, con participación de figuras como el senador Rafael Duluc, el director de Pro Consumidor Eddy Alcántara, representantes del sector bancario, del Registro Inmobiliario y del sector construcción.
Este foro representa un paso importante hacia la protección de los derechos de los dominicanos en el exterior, promoviendo transparencia, seguridad jurídica y confianza en el mercado inmobiliario de la República Dominicana.
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