Uruguay marcó un hito histórico este miércoles al convertirse en el primer país de Sudamérica en legalizar la eutanasia, luego de que la Cámara de Senadores aprobara el proyecto de Ley de Muerte Digna tras más de diez horas de intenso debate. La iniciativa, que contó con el apoyo unánime de los legisladores del oficialista Frente Amplio y el respaldo de algunos miembros de la oposición del Partido Colorado y el Partido Nacional, busca garantizar el derecho a morir con dignidad para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan sufrimientos insoportables. Este avance legislativo coloca a Uruguay a la vanguardia en la región en materia de derechos humanos y autonomía personal, siguiendo los pasos de países como Canadá, España, Países Bajos y Bélgica, donde la eutanasia ya es una práctica regulada.
La aprobación de la ley es el resultado de un largo proceso de discusión que involucró a expertos en bioética, médicos, juristas y organizaciones de la sociedad civil, quienes debatieron los alcances éticos, legales y médicos de la despenalización de la eutanasia. Durante el debate en el Senado, los legisladores destacaron que la norma no solo reconoce el derecho a una muerte digna, sino que también establece protocolos rigurosos para garantizar que la decisión sea libre, informada y voluntaria, evitando así cualquier riesgo de abuso o presión sobre los pacientes. Además, la ley incluye safeguards como la evaluación por parte de equipos médicos multidisciplinarios y la posibilidad de que el paciente revoque su decisión en cualquier momento.
Los defensores de la ley argumentaron que su aprobación es un avance en la protección de los derechos fundamentales, especialmente para aquellos pacientes que enfrentan enfermedades degenerativas o dolores crónicos insoportables, para quienes la posibilidad de poner fin a su sufrimiento de manera digna representa un acto de compasión y respeto a su autonomía. En este sentido, senadores como Lucía Topolansky (Frente Amplio) destacaron que la ley es un reflejo del progresismo uruguayo, que históricamente ha liderado en la región en temas como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la regulación del cannabis. «Este es un paso más en la construcción de una sociedad más justa y humana, donde el Estado reconoce y protege la dignidad de las personas hasta el final de sus vidas», declaró Topolansky durante la sesión.
Sin embargo, la legalización de la eutanasia también generó polémica y resistencia en algunos sectores de la sociedad uruguaya, particularmente entre grupos religiosos y conservadores, que argumentan que la ley atenta contra el valor sagrado de la vida y podría abrir la puerta a prácticas eugénicas o a la presión sobre personas vulnerables. Organizaciones como la Conferencia Episcopal Uruguaya manifestaron su rechazo a la norma, advirtiendo que podría debilitar la protección de los más débiles y generar un deslizamiento hacia una cultura de la muerte. No obstante, los legisladores que apoyaron la ley aseguraron que los mecanismos de control incluidos en el texto son suficientes para evitar abusos y garantizar que la eutanasia se aplique solo en casos excepcionales y debidamente justificados.
Con esta aprobación, Uruguay se suma a un grupo selecto de países que han legalizado la eutanasia, consolidando su reputación como una nación pionera en derechos civiles y libertades individuales. La implementación de la ley requerirá ahora la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que deberá definir los protocolos específicos para su aplicación, incluyendo la creación de comisiones de evaluación médica y la capacitación de profesionales de la salud. Mientras tanto, la sociedad uruguaya se prepara para un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la autonomía personal y el papel del Estado en la protección de la dignidad humana, un debate que, sin duda, trascenderá las fronteras del país y servirá de referencia para otras naciones de la región.