Erik y Lyle Menéndez, conocidos por el asesinato de sus padres en 1989, podrían estar cerca de obtener la libertad condicional tras casi 30 años en prisión. Los hermanos, que tenían 18 y 21 años en el momento del crimen, fueron condenados en 1996 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por matar a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills. Aunque sus abogados argumentaron que actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual por parte de su padre, los fiscales sostuvieron que el móvil fue una herencia multimillonaria.
En mayo de 2025, un juez de Los Ángeles redujo sus sentencias a 50 años a cadena perpetua, lo que los hizo elegibles para libertad condicional bajo la ley de California, ya que tenían menos de 26 años cuando cometieron los crímenes. Ahora, un panel de dos o tres comisionados evaluará individualmente a cada hermano para determinar si representan un «peligro para la sociedad». Erik Menéndez tendrá su audiencia el jueves, y Lyle Menéndez, el viernes, ambas por videoconferencia desde el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego.
El proceso de revisión considerará factores como su historial criminal, motivación para el crimen, remordimiento, comportamiento en prisión y planes futuros. Incluso si la junta aprueba su libertad condicional, el gobernador de California, Gavin Newsom, tendrá 30 días para ratificar o rechazar la decisión. Newsom ya ha indicado que revisará el caso con cuidado, ya que ha aprobado y rechazado decisiones similares en el pasado.
El caso de los hermanos Menéndez ha generado un debate público durante décadas, con documentales, especiales de televisión y dramatizaciones que han mantenido el interés en su historia. Recientemente, el apoyo de celebridades como Kim Kardashian y un mayor reconocimiento de los hermanos como víctimas de abuso sexual han revitalizado las peticiones para su liberación. Además, durante su tiempo en prisión, los hermanos han obtenido educación, participado en programas de autoayuda y creado grupos de apoyo para otros reclusos.
Aunque los fiscales actuales argumentan que los hermanos no han asumido plena responsabilidad por sus crímenes, el juez que redujo sus sentencias consideró que habían demostrado rehabilitación. También está pendiente una petición de habeas corpus presentada en 2023, que busca revisar sus condenas basándose en nuevas pruebas que respaldan sus afirmaciones de abuso.
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