El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado al Congreso sobre su plan para desmantelar la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) antes del 1 de julio de 2025. Esta decisión ha generado expectativas de acciones legales, ya que la agencia fue creada por el Congreso y su cierre sin intervención legislativa podría ser cuestionado judicialmente.
Motivaciones del Gobierno
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha argumentado que USAID se ha desviado de su misión original y que el gobierno busca «reorientar» sus programas de ayuda exterior para alinearlos con los intereses nacionales. Según Rubio, se mantendrán los «planes esenciales que salvan vidas» y se realizarán «inversiones estratégicas» que fortalezcan a los aliados y al propio país.
Reestructuración de Programas
En la notificación al Congreso, se especifica que los programas de USAID que seguirán funcionando bajo el Departamento de Estado incluyen asistencia humanitaria, funciones sanitarias globales, inversión estratégica y programas limitados de seguridad nacional. Sin embargo, se anticipa que el cierre de la agencia sin la intervención del Congreso podría derivar en acciones legales.
Desafíos Legales
El 10 de marzo, Rubio anunció la cancelación del 83% de los programas de USAID y mencionó que el gobierno estaba en consultas con el Congreso para transferir los contratos restantes al Departamento de Estado. Recientemente, un tribunal federal de apelaciones anuló una orden que solicitaba cesar los esfuerzos para desmantelar la agencia.
Impacto en los Empleados
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, ha notificado que se eliminarán «sustancialmente todos los puestos no estatutarios de USAID». Esto afectará significativamente a los empleados de la agencia y su capacidad operativa.
