El Tribunal Supremo Popular de Cuba sentenció este lunes al exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, a cadena perpetua por delitos que incluyen espionaje, traición a la patria, cohecho y sustracción de documentos oficiales. Gil, quien fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente Miguel Díaz-Canel, fue destituido en febrero de 2024 en medio de acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos, lo que marcó el inicio de un proceso judicial sin precedentes en la isla.
De la confianza presidencial a la prisión perpetua
Gil había sido una figura clave en el gobierno cubano desde 2018, cuando asumió el cargo de ministro de Economía y Planificación. Fue el encargado de implementar la Tarea Ordenamiento, una reforma monetaria que buscaba eliminar el sistema de doble moneda en Cuba, pero que terminó siendo un fracaso económico y profundizó la dolarización informal en el país. Además, impulsó medidas de ajuste impopulares, como el aumento de hasta un 400% en los precios de los combustibles, lo que generó un fuerte rechazo social.
Su destitución en febrero de 2024 tomó por sorpresa a muchos, especialmente porque Díaz-Canel le dedicó un mensaje público de agradecimiento horas después de su remoción. Sin embargo, un mes más tarde, el presidente cubano reveló que Gil estaba bajo investigación por «graves errores», y aseguró que el gobierno no toleraría «la corrupción, la simulación y la insensibilidad».
Los delitos y el fallo judicial
El Tribunal Supremo Popular encontró a Gil culpable de múltiples cargos, entre ellos:
- Espionaje: Por compartir información clasificada con «servicios del enemigo».
- Cohecho y tráfico de influencias: Para falsificar documentos públicos y evadir impuestos.
- Sustracción y daño de documentos oficiales: Incluyendo la violación de sellos y normas de protección de información sensible.
Gil fue juzgado en dos procesos separados:
- El primero, entre el 11 y 13 de noviembre de 2025, por delitos relacionados con la seguridad nacional, incluyendo espionaje.
- El segundo, entre el 26 y 29 de noviembre, por cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal, por el que recibió una condena adicional de 20 años de prisión.
El tribunal argumentó que Gil «traicionó la confianza del pueblo y del gobierno», generando daños económicos y comprometiendo la seguridad nacional. Según la sentencia, sus acciones representan «el delito más grave que puede cometerse contra el Estado», lo que justifica la pena máxima de cadena perpetua.
Implicaciones políticas y sociales
La condena a Gil es un mensaje contundente del gobierno cubano contra la corrupción y el espionaje, en un momento en que el país enfrenta una de sus peores crisis económicas en décadas. La sentencia también refleja las tensiones internas dentro del régimen, donde la lucha por el poder y la lealtad al Partido Comunista de Cuba (PCC) son prioritarias en medio de una población cada vez más descontenta por la escasez de bienes básicos y la falta de libertades.
Gil tiene 10 días para apelar la sentencia, pero dado el contexto político y la gravedad de las acusaciones, es improbable que la condena sea revocada. Su caso no solo es un ejemplo de la caída en desgracia de un alto funcionario, sino también un reflejo de los desafíos que enfrenta el gobierno cubano para mantener el control en un escenario de creciente inestabilidad.
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