El Ministerio Público de República Dominicana logró un avance significativo en la lucha contra la corrupción administrativa al obtener la homologación judicial de un acuerdo con el empresario Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina. El pacto, avalado por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, establece que Montilla y once de sus empresas admiten responsabilidad penal y aceptan devolver más de RD$3,000 millones al Estado dominicano, como parte de las investigaciones de la Operación Antipulpo.
Decomiso y disolución de empresas Montilla se compromete a entregar RD$2,000 millones en efectivo al Estado, además de pagar RD$600 millones en indemnizaciones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, por los perjuicios causados por sus acciones fraudulentas. También deberá disolver, en un plazo de dos años, once empresas vinculadas al esquema corrupto, entre ellas Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, NSD Importaciones Diversas y MG Solomon Corporation. Además, cancelará RD$431 millones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y cederá un terreno valorado en RD$50 millones en el Ensanche Naco.
Mecanismos de fraude y acceso a información privilegiada Según el documento judicial, Montilla utilizó sus empresas como «vehículos societarios» para obtener contratos públicos de manera fraudulenta, valiéndose de su cercanía con el poder político. El Ministerio Público detalló que el empresario manipuló plazos de entrega, pagó sobornos a funcionarios y operó con información privilegiada, generando un monopolio en el sector eléctrico que afectó el patrimonio público y la calidad del servicio.
Criterio de oportunidad y colaboración El acuerdo se ampara en el artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite aplicar el criterio de oportunidad en casos complejos cuando el imputado colabora con la investigación. Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta decisión refuerza la estrategia del Ministerio Público para combatir la impunidad y recuperar activos desviados. «Cada peso recuperado es una victoria contra la corrupción», afirmó.
Reacciones y próximo paso Mientras el Ministerio Público celebra el acuerdo como un éxito en la recuperación de fondos, sectores políticos y sociales debaten si este mecanismo envía el mensaje correcto sobre la lucha contra la impunidad. Las empresas distribuidoras de energía, representadas por Celso Marranzini, recibieron las indemnizaciones como un resarcimiento parcial por las pérdidas millonarias derivadas de las prácticas corruptas.
¿Qué sigue? El caso sigue abierto para otros implicados, y las autoridades insisten en que la Operación Antipulpo continuará avanzando para desmantelar redes de corrupción en el sector público.