A partir de este 28 de enero de 2026, la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas 47-25 entrará en vigencia, estableciendo un régimen de incompatibilidades más estricto para prevenir conflictos de interés y prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos. Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, advirtió que los proveedores vinculados a funcionarios públicos serán suspendidos del registro, incluso si no tienen participación accionaria formal en las empresas.
Cambios drásticos en la normativa La nueva ley elimina el umbral del 10% de participación accionaria que se permitía anteriormente y establece en cero cualquier nivel aceptable para funcionarios en régimen de incompatibilidad, como ministros, directores, legisladores, alcaldes y otros servidores públicos de alto nivel. «La incompatibilidad no busca castigar la actividad empresarial, sino evitar que quienes administran recursos públicos tengan intereses privados que influyan en sus decisiones», explicó Pimentel.
Proceso de depuración del Registro de Proveedores Con la entrada en vigencia de la ley, la Dirección General de Contrataciones Públicas iniciará un proceso de depuración del Registro de Proveedores del Estado para identificar empresas vinculadas a funcionarios que incumplan el nuevo marco legal. Aunque se respetará el debido proceso administrativo, los registros que no se ajusten a la normativa serán suspendidos como parte de una política de fortalecimiento de la transparencia.
Delito penal por maniobras fraudulentas La ley tipifica como delito penal el uso de maniobras fraudulentas para ocultar vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras, con penas de prisión de 2 a 10 años y sanciones económicas. Esta disposición busca cerrar espacios a la simulación, el uso de testaferros y otras prácticas históricamente utilizadas para evadir controles.
Transformación del sistema de compras públicas La Ley 47-25 introduce un sistema de consecuencias que había sido eliminado en legislaciones anteriores, junto con nuevas modalidades de contratación, procesos más ágiles y mayores mecanismos de control. El objetivo es garantizar que el gasto público se traduzca en bienes, servicios y obras de mayor calidad para la ciudadanía.
Alineación con estándares internacionales Pimentel destacó que estas medidas colocan a la República Dominicana en línea con los estándares internacionales en materia de contrataciones públicas, reforzando la confianza en el uso de los recursos del Estado.
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