Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en 2021 han presentado una denuncia en España por presuntos casos de acoso sexual, explotación laboral y violencia psicológica, según informó Amnistía Internacional. Las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link, afirman que sufrieron agresiones sexuales, jornadas laborales de hasta 16 horas sin descanso, prohibición de salir de las propiedades y revisiones arbitrarias de sus teléfonos. Estos hechos, que habrían ocurrido en República Dominicana, Bahamas y España, podrían configurar delitos de trata de seres humanos y trabajo forzado, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya ha abierto una investigación.
Una de las mujeres describió la residencia del cantante en Punta Cana como «la casita del terror», donde, según su testimonio, fueron víctimas de penetraciones sin consentimiento, bofetadas y humillaciones sistemáticas. Además, aseguran que se les obligaba a someterse a pruebas médicas invasivas, como revisiones ginecológicas y tests de embarazo, sin ninguna justificación. Las denunciantes también aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones y mensajes de WhatsApp que respaldarían sus declaraciones, según informaron medios como eldiario.es y Univisión Noticias.
El caso ha generado una reacción inmediata de organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que ha exigido una investigación exhaustiva. Ana Rebollar, directora adjunta de la organización en España, destacó que «la violencia contra trabajadoras del hogar es una grave violación de derechos humanos» y que los Estados deben actuar para proteger a las víctimas. Mientras tanto, el entorno de Julio Iglesias no ha emitido ninguna declaración, a pesar de los intentos de los medios por obtener su versión.
Las denunciantes han sido claras en su mensaje: «Queremos que ninguna mujer vuelva a sufrir lo que nosotros pasamos». Una de ellas explicó que su decisión busca justicia para sí misma, empoderar a otras víctimas y evitar que estos abusos se repitan. La otra denunciante añadió que su objetivo es que se reconozca que las mujeres son sobrevivientes, no culpables, y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. La Fiscalía ya ha iniciado las diligencias, pero el proceso podría ser largo, dado el alcance internacional del caso y la necesidad de recopilar pruebas en varios países.