viernes 4 de septiembre de 2026 02:21 am
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SANTO DOMINGO. — La audiencia de medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como «El Pastor», e Isaías Muñoz, acusados de presunta trata de menores con fines de explotación laboral en una fundación de Haina, fue aplazada este jueves para el próximo 10 de septiembre. La suspensión busca permitir el anticipo de prueba de los niños que permanecían en la entidad, según informó la fiscal Fanny Garabito.

Graves Acusaciones y Evidencias Recopiladas

El Ministerio Público ha solicitado tres meses de prisión preventiva para los imputados, manteniendo la calificación jurídica provisional de trata de personas con fines de explotación laboral. El expediente identifica a nueve niños, con edades entre dos y 13 años, y recoge alegaciones de golpes, quemaduras, privación de alimentos y trabajos forzados a los que supuestamente eran sometidos. Estos menores son considerados víctimas directas del proceso y serán representados por el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic). La investigación se inició el pasado 28 de agosto, después de que un niño de 12 años escapara de la fundación y acudiera a un destacamento policial, lo que llevó a allanamientos y la localización de otros niños. Entre las evidencias se incluyen entrevistas de psicología forense, certificados médicos y actas de los allanamientos.

Defensa Cuestiona Procedimiento y Naturaleza del Centro

Por su parte, el abogado Manuel Soto Lara, defensa de Ángel Capellán, ha cuestionado la ausencia de una denuncia o querella formal por parte de los padres o familiares de los niños. Lara argumenta que los menores fueron llevados a la fundación con el consentimiento de sus progenitores y niega que hayan sido retenidos contra su voluntad. Asimismo, el togado sostuvo que la falta de autorización para operar como centro de acogida, de ser cierta, sería una situación administrativa y no un delito penal. Defendió la labor de Capellán, afirmando que el centro ofrecía acogida tanto a niños como a adultos mayores. La fiscal Garabito, sin embargo, reiteró que el caso se encuentra en etapa de investigación y será el tribunal quien determine las responsabilidades a partir de las evidencias presentadas.

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