El Gobierno de Japón anunció que, a partir del 1 de abril de 2026, los extranjeros que deseen solicitar la nacionalidad japonesa deberán demostrar al menos 10 años de residencia continua en el país, en lugar de los 5 años actuales. Además, se exigirá un examen de integración que evalúe el historial fiscal, el dominio del idioma y la adaptación a la sociedad japonesa.
Nuevos requisitos para la naturalización
La medida, impulsada por la primera ministra Sanae Takaichi y su coalición con el partido conservador Asociación Japonesa de Innovación, busca garantizar una integración más profunda de los solicitantes. Entre los cambios destacados:
- Residencia mínima de 10 años (antes eran 5).
- Verificación de pago de impuestos durante los últimos 5 años (antes era 1 año).
- Historial de cotización a la seguridad social durante los últimos 2 años (antes era 1 año).
- Prueba de dominio del japonés y conocimiento de las costumbres locales.
Contexto político y social
La decisión responde a presiones de sectores conservadores y de ultraderecha, como el partido Sanseito, que han criticado la «excesiva permisividad» en la concesión de nacionalidades. Takaichi, conocida por su postura antiinmigración, ha argumentado que estas medidas buscan asegurar que los nuevos ciudadanos estén plenamente integrados y comprometidos con Japón a largo plazo. Sin embargo, críticos señalan que el endurecimiento podría afectar a familias mixtas y a extranjeros que llevan décadas contribuyendo al país.
Japón y la doble nacionalidad
A diferencia de otros países, Japón no permite la doble nacionalidad para adultos. Los solicitantes deben renunciar a su nacionalidad anterior, excepto en casos excepcionales (como apátridas o menores de 22 años con doble nacionalidad por nacimiento). En 2025, se registraron 14,103 solicitudes de naturalización, de las cuales 9,258 fueron aprobadas.
Impacto en la sociedad japonesa
El cambio refleja la paradoja migratoria de Japón: aunque el país enfrenta una crisis demográfica y necesita mano de obra extranjera, persisten resistencias culturales y políticas a la inmigración. Muchos extranjeros optan por la nacionalidad no por identificación cultural, sino por seguridad legal y derechos como el voto. La medida podría reducir aún más el número de naturalizaciones, que ya cayó de un récord de 17,000 en 2003 a menos de 9,000 anuales en la última década.
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