Una solicitud de transparencia y rendición de cuentas El congresista Adriano Espaillat, el senador Ron Wyden y 68 legisladores demócratas han solicitado una nueva investigación sobre las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por la compra de datos de ubicación de ciudadanos estadounidenses sin orden judicial. La petición, dirigida al inspector general del DHS, Joseph Cuffari, busca esclarecer si el ICE ha reanudado prácticas que ya fueron declaradas ilegales en 2023.
Un antecedente de irregularidades En 2023, el inspector general del DHS determinó que la compra de datos de ubicación por parte del ICE violaba la ley, lo que llevó al cierre del programa. Sin embargo, informes recientes de 404 Media revelaron que, en 2025, el ICE otorgó un contrato sin licitación a la empresa de vigilancia Penlink, para acceder a su herramienta Webloc, desarrollada por Cobwebs Technologies, una compañía con un historial controvertido. Meta prohibió a Cobwebs en 2021 tras descubrir que sus clientes atacaban a activistas y políticos en Hong Kong y México.
Preocupaciones sobre privacidad y legalidad En una carta dirigida a Cuffari, los legisladores expresaron su alarma por el uso de datos sensibles de ubicación, que pueden revelar información sobre religión, opiniones políticas, condiciones médicas y relaciones personales. «Normalmente, el gobierno debe obtener una orden judicial para acceder a estos datos», señalaron, subrayando la gravedad de que el ICE eluda este requisito legal.
Falta de transparencia y obstáculos del ICE Los congresistas también denunciaron que el ICE ha obstaculizado la supervisión del Congreso. En octubre de 2025, la oficina del senador Wyden solicitó una reunión informativa con el ICE, pero esta fue cancelada sin explicación un día antes de su realización en febrero de 2026. Esta falta de cooperación refuerza las sospechas de que el ICE está ocultando información sobre sus prácticas de vigilancia.
Preguntas clave para la investigación Los legisladores solicitaron al inspector general que investigue:
- Si el ICE y otras agencias del DHS están adquiriendo datos de ubicación de manera ilegal.
- Cómo se han utilizado estos datos y si se han empleado para vigilar actividades protegidas por la Constitución, como protestas.
- Si el DHS ha auditado el acceso a estos datos para detectar abusos.
- Por qué el DHS no ha adoptado políticas para regular el uso de datos de ubicación, como se recomendó en 2023.
Un llamado a la acción La carta, firmada por senadores como Elizabeth Warren, Cory Booker y Alexandria Ocasio-Cortez, refleja una preocupación bipartidista por la privacidad de los ciudadanos y la legalidad de las acciones del ICE. Los legisladores insisten en que es urgente garantizar la transparencia y evitar que el dinero de los contribuyentes se utilice para violaciones de derechos fundamentales.
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