La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y la Comisión de la Verdad entregaron este lunes a la Procuraduría General de la República un expediente con pruebas contundentes que evidencian manipulación, negligencia y posible encubrimiento en la investigación de la explosión ocurrida en San Cristóbal en agosto de 2023. El siniestro, que cobró la vida de 47 personas y dejó 12 desaparecidos, sigue envuelto en sombras, mientras las víctimas y sus familiares exigen respuestas claras y acciones concretas.
El documento de 40 páginas incluye un análisis detallado del Informe Final de Investigación Científica, supuestamente elaborado por el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal. Sin embargo, una certificación firmada en junio de 2025 por la plana mayor de la institución desconoce la autoría del informe, lo que sugiere un intento de falsificación o encubrimiento. Según Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, este hallazgo es una prueba clave de las irregularidades que han marcado el proceso desde el principio.
Otro punto crítico es la destrucción de la escena del crimen, donde los restos y evidencias fueron llevados al vertedero municipal, impidiendo la recolección adecuada de pruebas. Esto no solo violó los protocolos forenses, sino que también afectó la dignidad de las víctimas y sus familias, quienes aún esperan identificar a sus seres queridos. El expediente también señala que, en marzo de 2023, un incendio previo en la empresa Vidal Plast —causado por el químico Autofina-Luporox a 70s— no generó ninguna medida preventiva, a pesar del alto riesgo conocido.
Los familiares y la CNDH-RD exigen que la Procuraduría General reabra el caso con un equipo independiente, sancione a los funcionarios involucrados en las irregularidades y garantice un proceso transparente. La comunidad, mientras tanto, sigue clamando por justicia y rechazando la impunidad que parece rodear este doloroso episodio.
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