Once agentes de la Policía Nacional se enfrentan este jueves a una audiencia en el Juzgado de la Instrucción de Santiago, donde se determinará la medida de coerción en su contra por su presunta participación en la muerte de cinco hombres durante un operativo realizado el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial del sector La Barranquita. Las víctimas, identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez, fallecieron tras recibir impactos de bala y ser trasladados de urgencia al Hospital Regional Doctor Cabral y Báez.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los agentes, argumentando que el caso debe ser declarado complejo debido a la gravedad de los hechos y la necesidad de una investigación exhaustiva. Según las autoridades, los policías habrían actuado de manera irregular durante la intervención, utilizando fuerza letal sin justificación y sin mediar diálogo previo. Además, se alega que, tras los hechos, los agentes intentaron ocultar evidencias, retirando grabaciones de cámaras de seguridad y confiscando teléfonos móviles de testigos, lo que agrava las acusaciones en su contra.
La investigación, liderada por el procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu, bajo las instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, ha revelado que los agentes llegaron al lugar en varios vehículos y actuaron de manera desproporcionada, lo que derivó en un intercambio desigual de fuerza. El expediente judicial señala que los hechos violan los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores y homicidio voluntario.
Mientras se espera la decisión del juez, los familiares de las víctimas han exigido justicia y transparencia, solicitando que se imponga la máxima sanción posible a los responsables. Además, diversos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por este caso, demandando reformas profundas dentro de la Policía Nacional y un mayor control sobre las actuaciones de los agentes durante operativos, con el fin de evitar futuros abusos de poder.