El presidente Luis Abinader volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más polémicos de su gestión: el manejo de la deuda pública. Durante su participación en el programa LA Semanal con la Prensa, el mandatario defendió con firmeza su administración al asegurar que el 80% de los préstamos contraídos en los últimos cinco años se destinaron exclusivamente a saldar compromisos heredados de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Sin embargo, esta afirmación, aunque contundente, ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia fiscal y la sostenibilidad económica del país.
Lo que Abinader presentó como un logro —la reducción de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB), pasando del 49.7% al 46.9%— ha sido recibido con escepticismo por analistas y sectores de la oposición. Mientras el presidente destacó que su gobierno es el único en décadas en lograr una disminución porcentual, críticos señalan que esta métrica oculta un detalle crucial: el monto absoluto de la deuda sigue siendo histórico, superando los 45,000 millones de dólares, una cifra que, en términos reales, representa una carga sin precedentes para las finanzas públicas. La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿realmente se está pagando la deuda o simplemente se está reestructurando para posponer sus efectos?
Otro aspecto que generó controversia fue la falta de claridad sobre el 20% restante de los préstamos. Abinader mencionó de paso que este porcentaje se destinó a inversiones, particularmente en el sector turístico, que este año espera superar los 11.5 millones de visitantes. Sin embargo, no ofreció detalles concretos sobre cómo estos recursos se traducen en beneficios tangibles para la población, más allá de los récorde en llegada de turistas. Economistas como Juan Ariel Jiménez han advertido que, aunque el turismo es un pilar fundamental de la economía dominicana, su dependencia excesiva podría convertirse en un riesgo sistémico si no se diversifican las fuentes de ingreso.
El presidente también eludió responder con profundidad sobre otro tema espinoso: la no ratificación de ningún juez en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Cuando se le cuestionó al respecto, su respuesta se limitó a una vaga referencia a la Constitución y a las leyes, sin explicar los criterios específicos que llevaron a esta decisión. En contraste, José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sí ofreció una justificación más elaborada, destacando que el gobierno actual ha evitado las cuotas partidistas que, según él, caracterizaron a administraciones anteriores. No obstante, esta explicación no ha logrado acallar las voces que exigen mayor transparencia en un proceso que, para muchos, sigue envuelto en sombras.
Lo que queda claro es que, más allá de las cifras y los discursos, el manejo de la deuda pública sigue siendo un punto de fricción entre el gobierno y la oposición, pero también entre los ciudadanos que exigen respuestas claras. Mientras Abinader insiste en que su gestión ha sido la más responsable en décadas, la falta de detalles concretos sobre el destino de los recursos y la creciente carga de intereses —que este año superan los 120,000 millones de pesos— dejan espacio para la desconfianza. En un país donde la memoria de crisis económicas pasadas sigue fresca, la transparencia no es solo un requisito ético, sino una necesidad urgente para mantener la credibilidad.