El reloj marca las 9:00 a.m. del lunes en Washington, y mientras los políticos discuten en sus oficinas con aire acondicionado, miles de trabajadores federales reciben la noticia que cambiará sus vidas: han sido despedidos. No es una reducción de personal por mala performance, ni un ajuste económico planificado. Es el resultado directo del shutdown más prolongado en siete años, un juego de poder entre el presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso que está dejando a familias enteras sin su sustento diario. «Está ocurriendo justo ahora. Es todo por culpa de los demócratas», declaró Trump desde el Despacho Oval, mientras afuera, en las calles de la capital, empleados públicos lloraban al recibir sus cartas de despido.
Lo que comenzó como un impasse político el miércoles pasado se ha convertido en una crisis humanitaria que afecta a los más vulnerables. Mientras los líderes de ambos partidos se lanzan acusaciones en los medios –«Los demócratas están causando la pérdida de muchos empleos», dijo Trump; «Si los republicanos continúan negándose a extender las exenciones fiscales, decenas de millones sufrirán», respondió Hakeem Jeffries, líder demócrata-, en el mundo real, padres y madres se preguntan cómo pagarán el alquiler este mes. «Llevo 15 años trabajando en el Departamento de Agricultura. Nunca pensé que me despedirían por un juego político», confesó María Rodríguez, una de las primeras afectadas por los recortes. Su historia no es única: cientos de miles de empleados «no esenciales» han sido suspendidos sin salario desde el inicio del shutdown, y ahora enfrentan la perspectiva de quedarse sin empleo definitivamente.
El problema central es el Obamacare, o más específicamente, los subsidios para seguros médicos que benefician a millones de estadounidenses de clase trabajadora. Los republicanos, liderados por Trump, exigen recortes drásticos en estos subsidios como condición para aprobar el presupuesto. Los demócratas, por su parte, se niegan a ceder en un programa que consideran vital para la salud de los ciudadanos. «En marzo, cuando enfrentamos una situación similar, los demócratas cedieron y aceptamos una extensión de seis meses», recordó el senador republicano John Thune. «Pero esta vez no habrá concesiones». El resultado es un estancamiento que ya entra en su segunda semana sin señales de solución.
Lo más cruel de esta situación es que los que pagan el precio no son los políticos, sino los ciudadanos comunes. Mientras Trump y los líderes del Congreso discuten en sus torres de marfil, en los estados más afectados -como California, Texas y Virginia– las oficinas gubernamentales están cerrando sus puertas. «Tengo dos hijos y un préstamo estudiantil que pagar. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó desconsolada Sarah Johnson, una empleada del Departamento de Educación en Arlington, Virginia. Su caso refleja el de millones de estadounidenses que dependen de un salario gubernamental para sobrevivir.
El impacto económico del shutdown ya se siente en todo el país. Según estimaciones del Banco de la Reserva Federal, cada semana de parálisis gubernamental le cuesta a la economía estadounidense $6,000 millones. Los pequeños negocios que dependen de los contratos gubernamentales están al borde de la quiebra, y los programas sociales -desde el WIC (asistencia nutricional para mujeres y niños) hasta los subsidios de vivienda– están en riesgo de suspenderse. «Esto no es solo un problema político, es una emergencia nacional», advirtió Kevin Hassett, asesor económico de Trump, quien sin embargo no ofreció soluciones concretas más allá de culpar a los demócratas.
Lo más preocupante es que no hay un final a la vista. «Mientras los demócratas lo quieran, esto puede durar indefinidamente», declaró el senador Thune, dejando claro que la pelota está en el campo demócrata. Pero los demócratas, por su parte, insisten en que no cederán en materia de salud pública. «No podemos permitir que millones de estadounidenses pierdan su cobertura médica solo para que Trump pueda decir que ganó una batalla política», afirmó la congresista Nancy Pelosi. Mientras tanto, en las calles, la gente sufre. «No entiendo por qué no pueden llegar a un acuerdo», dijo un veterano de la guerra de Irak que trabaja en el Departamento de Asuntos de Veteranos. «Nosotros arriesgamos nuestras vidas por este país, y ahora nos dejan tirados como si no importáramos».
La ironía de la situación es que este no es el primer shutdown bajo la presidencia de Trump. En 2018, durante su primer mandato, el gobierno cerró durante 35 días, el período más largo en la historia de EE.UU. Ahora, con una economía ya debilitada por la pandemia y la inflación, los expertos advierten que las consecuencias podrían ser catastróficas. «Si esto continúa, podríamos ver una recesión antes de fin de año», advirtió un economista del Brookings Institution. Pero en Washington, nadie parece estar escuchando. Mientras los políticos siguen jugando al quién cede primero, son los ciudadanos comunes los que están pagando el precio.