El cierre de 11 comercios chinos en el Gran Santo Domingo, ordenado por el Ministerio de Vivienda (Mived), ha generado una crisis social que afecta a miles de familias dominicanas dependientes de estos negocios. La presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa Ng, hizo un desesperado llamado al presidente Luis Abinader para que interceda, argumentando que «los más perjudicados son los empleados dominicanos», muchos de los cuales no tienen cómo alimentar a sus hijos.
El drama humano detrás de los cierres:
- Empleados en la calle: «Llevo 10 años trabajando aquí. Ahora no sé cómo pagar el alquiler», dice María Pérez, empleada de un comercio clausurado.
- Familias en riesgo: «Mis hijos preguntan por qué no hay comida. ¿Qué les respondo?», relata Juan Díaz, padre de tres niños.
- Pérdidas económicas: Los comercios generan millones de dólares diarios en ventas, pero ahora están paralizados.
Las causas del cierre: El Mived alega: ✅ Fallas estructurales en los edificios. ✅ Falta de permisos de construcción. ✅ Posible comercio ilícito (aunque no se han presentado pruebas contundentes).
La petición de Rosa Ng: En el 76° aniversario de la República Popular China, Ng recordó su vínculo con la familia Abinader y pidió una solución urgente:
«Pido al presidente Abinader, a quien considero un amigo, que nos ayude. No es justo que miles queden sin trabajo. Algunos comercios ya cumplieron con los requisitos, pero siguen cerrados».
El caso de «Dulce Hogar»:
- Su dueño actualizó el estudio de vulnerabilidad, pero el local sigue clausurado.
- «Tenemos todo en regla, pero no nos dejan abrir. ¿De qué vivimos ahora?«, pregunta un empleado.
La postura del Mived: El ministro Carlos Bonilla insiste en que «la seguridad es primero», pero también ofrece acompañamiento para regularizar los comercios:
«Estamos dispuestos a ayudar, pero deben cumplir las normas».
El costo de la burocracia:
- Pérdidas diarias: Los comercios chinos mueven millones en importaciones y distribución.
- Efecto dominó: Empresas dominicanas que dependen de estos distribuidores también se ven afectadas.
La pregunta clave: ¿Puede el gobierno equilibrar la seguridad con la protección del empleo de miles de dominicanos?
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