El primer boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), emitido a las 11:00 a.m. del 26 de septiembre de 2025, no dejó lugar a dudas: la onda tropical que azota al país no es solo otra lluvia. Es una emergencia humanitaria que ha dejado a su paso 351 viviendas destruidas o dañadas, 1,781 personas desplazadas de sus hogares, 9 comunidades completamente incomunicadas y, lo más doloroso, una vida perdida en Monte Plata, donde el colapso de un puente en la carretera Don Juan-Yamasá se llevó consigo al conductor de un camión volteo que intentaba cruzar en medio del aguacero. Las cifras son frías, pero detrás de cada número hay familias que lo perdieron todo en cuestión de horas: sus casas, sus pertenencias, su sentido de seguridad.
En Azua, el desbordamiento del Río Tábara arrasó con 160 viviendas y obligó a 774 personas a huir de sus hogares. El Liceo Gregorio Luperón, convertido en un albergue de emergencia, ahora alberga a 9 familias (26 personas en total), muchas de ellas con solo la ropa que llevaban puesta cuando el agua comenzó a subir. «Perderlo todo es duro, pero lo peor es no saber cuándo podremos volver», confesó una madre de tres hijos mientras abrazaba a su pequeño, quien no entendía por qué ya no podían dormir en su cama. En San Pedro de Macorís, el Río Soco se desbordó con una fuerza que arrastró sueños, enseres y la tranquilidad de nueve comunidades, dejando a sus habitantes varados, sin comunicación y con el agua hasta las rodillas. Mientras tanto, en Verón-Punta Cana, 26 familias despertaron con sus casas bajo el agua, sus pertenencias flotando como basura en las calles anegadas de Verón, Bávaro y Cortesito.
La tragedia también tiene rostro en Monte Plata, donde el puente que unía a las comunidades de Yamasá y Don Juan con el resto del mundo se derrumbó bajo el peso de las lluvias, dejando a sus habitantes aislados y a una familia destrozada por la pérdida de su ser querido. «Era un hombre trabajador, solo quería llegar a su casa», relató un vecino que presenció el accidente, mientras las autoridades intentaban restablecer el acceso a las zonas afectadas. En La Altagracia, las calles de Higüey se convirtieron en ríos improvisados, y en Santiago, 150 viviendas quedaron parcialmente bajo el agua, con familias que ahora duermen en colchonetas prestadas, preguntándose cómo comenzarán a reconstruir lo que el agua se llevó.
Pero el caos no se limita a las viviendas. Diez acueductos quedaron fuera de servicio, dejando a 17,925 personas sin agua potable en pleno estado de emergencia. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) trabaja contra reloj para restablecer el suministro, pero en comunidades como Placer Bonito o Barrio México, en San Pedro de Macorís, los vecinos deben caminar kilómetros para conseguir un balde de agua limpia. «Sin agua, sin luz y con el miedo a que vuelva a llover, esto se siente como el fin del mundo», dijo una anciana mientras llenaba recipientes en un camión cisterna.
Ante la magnitud de la crisis, el COE, la Defensa Civil y la Cruz Roja han desplegado equipos de rescate, albergues temporales y operativos de evacuación. Las autoridades insisten en que la población evite cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, pero en zonas rurales, donde las alertas llegan tarde o no llegan, muchos arriesgan sus vidas para salvar lo poco que les queda. «La prioridad ahora es salvar vidas y evitar más tragedias», declaró un portavoz del COE, mientras helicópteros sobrevolaban las áreas más críticas en busca de personas atrapadas.
El pronóstico no es alentador. El COE advirtió que las lluvias persistirán en las próximas horas, con riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra. Mientras, en los albergues, las familias intentan recomponer sus vidas entre colchonetas, raciones de comida y la incertidumbre de no saber qué les deparará el mañana. «Lo único que pido es que esto pare y podamos volver a casa», susurró una joven madre mientras mecía a su bebé, el único consuelo en medio del desastre.