Un propietario del Residencial Despradel en La Vega interpuso una demanda por 50 millones de pesos contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, acusándola de daños y perjuicios tras la demolición de su apartamento. El abogado Domingo Reynoso («Paito Chapet»), representante legal del afectado, argumentó que la acción del Ministerio vulneró el derecho constitucional a la propiedad privada y exigió una indemnización basada en el artículo 148 de la Constitución, que establece la responsabilidad civil de los funcionarios públicos.
¿Quién ordenó la demolición? Según declaraciones de la viceministra Ángela Jáquez, la orden habría partido directamente de Faride Raful. Reynoso aseguró que esta actuación compromete el patrimonio del Estado y que la Cámara Civil del Distrito Judicial de La Vega ya está conociendo el caso, donde se espera que se garantice la reparación del perjuicio causado.
Posibles demandas adicionales El abogado no descartó que otros propietarios del complejo se sumen a acciones legales similares, ya que la demolición afectó a múltiples unidades residenciales. El edificio fue derribado hace aproximadamente un mes, generando indignación entre los residentes.
Un precedente legal Este caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad del Estado en intervenciones urbanísticas y la protección de los derechos de los ciudadanos. Reynoso enfatizó que “la ley debe proteger a los propietarios frente a abusos de autoridad”.
¿Qué sigue? La demanda busca no solo una compensación económica, sino también el reconocimiento de que la demolición se realizó sin el debido proceso legal. El resultado de este litigio podría influir en futuras decisiones gubernamentales sobre expropiaciones o intervenciones en propiedades privadas.