SANTO DOMINGO. — El Gobierno dominicano destacó este jueves los avances significativos en la lucha contra la trata de personas, tras la publicación del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que, aunque mantiene al país en el Nivel 2, reconoce un aumento general en los esfuerzos nacionales.
Avances legislativos y operativos clave
Entre las medidas más relevantes, el Gobierno resaltó la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que elimina el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en casos que involucran a menores de edad, especialmente en explotación sexual. Asimismo, se aprobó y asignó presupuesto para el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, y la Resolución 13-2024 estableció un procedimiento para la entrega de tarjetas de identificación a personas apátridas.
En el ámbito de la persecución penal, durante 2024 se abrieron 229 investigaciones por trata y se procesaron 50 sospechosos. Ocho funcionarios fueron investigados por presunta complicidad, con tres sometidos a la justicia. El Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores vulnerables como la agricultura y la construcción, suspendiendo actividades en 11 empresas por indicios de trabajo forzoso y formalizando a más de 7,400 trabajadores migrantes. En cuanto a la asistencia, 136 víctimas fueron identificadas, y 134 recibieron atención integral financiada por el Estado.
Desafíos pendientes según informe de EE. UU.
A pesar de los progresos, el informe del Departamento de Estado advierte sobre deficiencias en la persecución de la explotación laboral, señalando que los recursos se concentraron mayormente en la trata sexual urbana, descuidando el trabajo forzoso en áreas rurales. También se identificaron limitaciones en la asistencia, como la ausencia de refugios especializados para hombres víctimas y restricciones a la movilidad de mujeres en albergues. La falta de garantías legales para evitar la sanción de víctimas extranjeras por actos derivados de su explotación y la lenta expansión de programas para trabajadores migrantes son otras preocupaciones destacadas.
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