Una llamada al número de emergencias poco después de las 12:45 de la madrugada del domingo activó uno de los operativos antiterroristas más importantes del año en el Reino Unido. Una residente local alertó sobre tres camionetas blancas que bloqueaban un camino rural cerca de RAF Fairford, en Gloucestershire, y relató a los medios que llegó a ver a un grupo de hombres encapuchados que se dispersaron hacia los campos y la vecina localidad de Kempsford antes de la llegada policial.
Los agentes armados de Gloucestershire Police localizaron los vehículos en la zona de Whelford y detuvieron a cinco hombres, primero bajo sospecha de delitos vinculados a la Ley de Explosivos y más tarde por la presunta preparación de un acto de terrorismo. El equipo de desactivación de artefactos del ejército británico examinó durante horas las tres camionetas dentro de un perímetro de seguridad de 400 metros, mientras cerca de 85 hogares eran evacuados como precaución.
La investigación pasó a manos de la unidad antiterrorista nacional, que coordina sus esfuerzos con los servicios de inteligencia del país. La deputy assistant commissioner Vicki Evans, máxima coordinadora de la lucha antiterrorista de Scotland Yard, admitió que el caso está en sus etapas iniciales y que los cinco arrestados permanecen bajo custodia, sin que se hayan divulgado sus identidades ni nacionalidades.
El objetivo presunto del complot concentra la atención internacional: RAF Fairford es una instalación británica operada por la Fuerza Aérea estadounidense y ha funcionado como base clave de bombardeos estratégicos durante la guerra contra Irán. Diversos medios señalan que los investigadores analizan un posible vínculo iraní en el plan, aunque el gobierno aún no ha confirmado conexión alguna, ni tampoco la viabilidad de los artefactos que supuestamente transportaban los sospechosos.
El presidente Donald Trump aseguró a la prensa que los implicados llevaban «mucho tiempo» bajo vigilancia y que buscaban «hacer un gran daño». Por su parte, las autoridades británicas agradecieron la colaboración ciudadana que hizo posible la intervención temprana, y recordaron que bajo la Ley de Terrorismo del año 2000 los sospechosos pueden ser retenidos hasta catorce días sin cargos formales, un plazo que refleja la complejidad de las pesquisas en curso.
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